Congreso colombiano convoca a Gobernadora de Chocó para revisar cumplimiento de promesas Gubernamentales.

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El Parlamento colombiano ha decidido citar a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en una medida que busca esclarecer el estado actual de las promesas de obras e inversiones hechas por los gobiernos anteriores y el actual. Esta convocatoria, que se llevará a cabo en la plenaria del Senado, tiene como objetivo que el Congreso actúe como veedor en el cumplimiento de los ofrecimientos de recursos por parte del Gobierno nacional central.

El llamado al Parlamento responde a una creciente inquietud sobre la ejecución y el progreso de proyectos significativos para el desarrollo del departamento de Chocó, una región que históricamente ha enfrentado desafíos en términos de infraestructura y inversión gubernamental.

Paralelamente, en el ámbito político, un dirigente de la oposición ha señalado similitudes entre las tácticas del gobierno de Petro y el de Maduro en Venezuela. Esta comparación surge a raíz de recientes declaraciones de ambos gobiernos sobre supuestos complots para desestabilizar sus mandatos, una situación que la oposición critica como un intento de victimización para justificar la represión oficial.

Además, en el Congreso colombiano se debate la efectividad del calendario legislativo. Un veterano senador señaló que el problema principal radica en las reformas propuestas, más que en la cantidad de proyectos presentados, aludiendo a la necesidad de un análisis más profundo y eficaz de las iniciativas legislativas.

En otro orden de ideas, existe una preocupación creciente en los departamentos del suroccidente de Colombia debido al posible impacto de una deportación masiva de colombianos presos en Ecuador. Esta situación ha llevado a buscar una reunión con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para evaluar las posibles consecuencias. Un exfuncionario de alto rango de la Cancillería colombiana ha señalado que, a pesar de la intención del gobierno ecuatoriano, cualquier proceso de deportación debe coordinarse con el gobierno de Petro, respetando los acuerdos de repatriación de reclusos y los pactos internacionales de derechos humanos y justicia.

Estos desarrollos reflejan un momento crucial en la política colombiana, donde el control y la supervisión de las promesas gubernamentales, así como la gestión de las relaciones internacionales y los derechos humanos, se han convertido en temas centrales en la agenda del país.

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