En una decisión que enfatiza la necesidad de un enfoque alternativo para el manejo de la delincuencia juvenil, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado la puesta en marcha de un nuevo centro de detención para menores en Bogotá. Este centro, parte del Complejo de Justicia Integral de Campo Verde, fue inaugurado en julio de 2022 pero no ha entrado en funcionamiento, debido a la falta de apoyo gubernamental para su operación.
El mandatario, respondiendo a un usuario en una plataforma de redes sociales, expresó su opinión contraria a la encarcelación de menores, sugiriendo la comparación de este centro con los existentes en ciudades como Cali, Quibdó e Ibagué. Este comentario subraya la preocupación sobre la prevalencia de adultos en centros de detención juvenil, un problema que el presidente considera podría ser reformado.
La controversia se intensifica a raíz de un desacuerdo con la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien estuvo a cargo de la construcción e inauguración del centro. La falta de autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para operar el centro ha sido un punto crucial en este conflicto. Astrid Cáceres, directora del ICBF, ha abogado por un enfoque que priorice el cierre de estos centros en favor de modelos alternativos de justicia.
La Alcaldesa López, aunque discrepante con esta política, ha reconocido la decisión del gobierno. La instalación, diseñada para albergar a más de 200 menores infractores, permanece inactiva a pesar de estar completamente construida. La posición del gobierno se inclina hacia la reconciliación y procedimientos alternativos, alejándose de la privación de la libertad como método de corrección.
Este enfoque propuesto por el gobierno refleja un cambio significativo en la política de justicia juvenil en Colombia, poniendo énfasis en la rehabilitación y la reintegración en lugar de la detención, un tema que resuena profundamente en comunidades como Quibdó, donde se buscan soluciones más humanas y efectivas para abordar el delito juvenil.
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