Las tierras están entre Mutatá y Dabeiba, en Antioquia, y Riosucio, en Chocó.
El recurso de restitución de tierras busca restablecer derechos de 272 personas del pueblo emberá.
En manos de un juzgado de restitución de tierras en Apartadó, Antioquia, está una demanda con la que 64 grupos familiares del resguardo indígena Chontadural Cañero, del pueblo emberá, buscan recuperar 9.251 hectáreas y 3.656 metros cuadrados de su territorio ancestral.
El resguardo no ha podido acceder a estas tierras, ubicadas entre Mutatá y Dabeiba en Antioquia, y Riosucio en Chocó, debido al conflicto armado y a hechos como desplazamientos forzados, homicidios y desapariciones que los obligaron a dejarlas.
Ahora, con el recurso interpuesto por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se espera que pronto haya una sentencia que legalmente los reconozca como dueños de este territorio.
La demanda está siendo estudiada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Apartadó, y ahora este proceso de recuperación del territorio, en el que este resguardo y sus 272 habitantes llevan cerca de cuatro años, pasa a una etapa judicial.
El camino, que ha sido concertado con la comunidad y liderado por el área de Asuntos Étnicos de la URT, busca superar las afectaciones que el conflicto armado le ha dejado al resguardo.
Entre esas afectaciones están los dos desplazamientos masivos de toda la comunidad, por enfrentamientos entre las Auc y las Farc, en 1996 y 1999. Así mismo, se documentó que en esa década de los 90, el resguardo vivió asesinatos y desapariciones forzadas de líderes.
Más adelante, en 2005, el resguardo vio limitada su movilidad y actores armados les impidieron la compra de alimentos; y en el 2012, fueron reclutados forzosamente por el frente 34 de las Farc jóvenes de la comunidad.
Dairo Jair Montiel Angulo, director territorial de la URT en Apartadó, explicó que la presentación de la demanda y su admisión “es una muestra del trabajo que realiza el equipo de abogados y profesionales de la ruta étnica para restablecer los derechos vulnerados de estas comunidades ancestrales”.
Sobre este proceso, desde la Unidad explicaron que en diciembre de 2020 la URT recibió el poder de la comunidad para ser representados judicialmente y presentar ante la justicia 39 pretensiones para que la comunidad supere los hechos violentos que vivieron las 64 familias.
justicia@eltiempo.com
