Antes de salir de la Procuraduría, Carrillo propone estrategias contra la violencia en Chocó.

Pidió al Gobierno implementar el capítulo étnico del acuerdo de paz.

Ocho días antes de finalizar su periodo como procurador general de la Nación, Fernando Carrillo expidió la directiva número dos que propone siete estrategias al Gobierno del presidente Iván Duque para eliminar la violencia y el asesinato de líderes sociales en el departamento del Chocó.

La directiva sugiere implementar el capítulo étnico del acuerdo de paz y un plan estructural a corto, mediano y largo plazo para proteger a la población del departamento por el recrudecimiento de la violencia tras la firma de los acuerdos.

Ocho días antes de finalizar su periodo como procurador general de la Nación, Fernando Carrillo expidió la directiva número dos que propone siete estrategias al Gobierno del presidente Iván Duque para eliminar la violencia y el asesinato de líderes sociales en el departamento del Chocó.

La directiva sugiere implementar el capítulo étnico del acuerdo de paz y un plan estructural a corto, mediano y largo plazo para proteger a la población del departamento por el recrudecimiento de la violencia tras la firma de los acuerdos.

“Todo esto en clave de la protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades”, señala la directiva.

Entre las estrategias que propone está la prevención de la violencia, promoción social de la convivencia sobre la orientada a facilitar y fortalecer el fomento de la educación; emprendimiento empresarial individual y comunitario; generación de empleo y condiciones de trabajo digno para la población.

También se propone fortalecer el sistema judicial, acciones de resocialización y recomposición del tejido social rediciendo los asesinatos selectivos de jóvenes, adultos y líderes sociales en Quibdó.

La Procuraduría también aprovechó la directiva para exigirle al gobierno del presidente Iván Duque proteger el río Atrato en el marco y conforme a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró al afluente como sujeto de derechos.

En la directiva se advierte que en las zonas rurales del departamento persisten las acciones de los grupos armados organizados (GAO), quienes en su afán de dominio territorial y en búsqueda del control de las economías ilegales y rutas del narcotráfico, han causado confinamientos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

También advierte la instalación de minas antipersonales, amenazas a líderes y lideresas, personas defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, personas que participan en la implementación de los acuerdos de paz.

“En el departamento del Chocó, los líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas, miembros de las juntas de gobierno de los consejos comunitarios, integrantes de comunidades negras y afrodescendientes y de pueblos indígenas continúan siendo asesinados, estigmatizados, amenazados y perseguidos por el desarrollo de su labor”, señala la directiva.

Fuente: Sistema Integrado de Información

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