Defensoría llegó a Chocó para atender situaciones de riesgo advertidas en 6 alertas tempranas.

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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de los DD.HH., el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, visitó el departamento del Chocó con el fin de atender las situaciones de riesgo advertidas en las 6 alertas tempranas emitidas durante 2020 en ese territorio.

Mediante la implementación de la iniciativa ‘Estamos Contigo’, creada como respuesta a la situación de riesgo en la que viven los líderes y lideresas sociales, la Defensoría impulsa al Estado colombiano a ofrecer respuestas oportunas enfocadas en la prevención, protección, no estigmatización y justicia de cada una de las personas que ejercen actividades de liderazgo y defensa de los derechos humanos.

La iniciativa está concentrada en los municipios del litoral de San Juan, Alto y Bajo Baudó, Nuquí, Acandí, Ungüía, Riosucio y el Carmen del Darién del Andén Pacífico y Urabá, territorios de alto valor estratégico para los actores armados ilegales en proceso de expansión, quienes se disputan el control territorial con fines de dominio sobre la cadena de narcotráfico.

“Es importante entender la relación causa-efecto que hay entre el asesinato de líderes sociales y la presencia del narcotráfico en las zonas en donde dichos líderes ejercen su indispensable vocería social”, dijo el defensor Carlos Camargo.

En estas regiones afectadas por la presencia del narcotráfico existe una gran incidencia de desplazamiento forzado, violencia, delincuencia, inseguridad, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, y se genera la conformación de pandillas y bandas criminales.

“Tenemos claro el compromiso interinstitucional entre el Gobierno nacional, la Fiscalía y la comunidad internacional para luchar de manera frontal contra flagelos como el narcotráfico y la minería ilegal” advirtió el defensor.

También agregó que la Defensoría del Pueblo seguirá siendo la primera Entidad en atender las necesidades y llamados de los líderes y lideresas sociales y en advertir los riesgos asociados a su labor. En recordarle al Estado la tarea indiscutible de prever garantías para su ejercicio y asumir las violaciones de los derechos humanos con renovado vigor y compromiso.

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