El municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, hace parte de las regiones del territorio colombiano que en el año 2002 resultó afectada tras los ataques de grupos armados al margen de la ley.
En las últimas horas, El Tribunal administrativo del Chocó, ratificó en segunda instancia el fallo que condenó a la nación por no haber implementado las medidas de seguridad que se requerían en su momento para evitar dicha tragedia.
Sobre esto, el alto tribunal, tanto la Procuraduría como el Ejército y la Policía tendrán que responder por omisión, ya que según versiones de algunos sobrevivientes, el Estado no prestó atención a las alertas tempranas que se emitieron desde esta comunidad que advertían de la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos las AUC y guerrillas.
Según la magistratura, la Nación es responsable de los desplazamientos forzados que sufrieron las familias, esto durante el gobierno de Andrés Pastrana durante los años 2002 y comienzos de 2003. En el mismo informe se señaló que las Fuerzas Armadas abandonaron el municipio chocoano, esto posibilitó que los alzados en armas masacraran a más de 100 personas que se encontraban refugiados al interior de la Iglesia del pueblo.
El Alto Tribunal del Chocó, también tuvo en cuenta para proferir este fallo, las cartas que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Colombia, le había hecho llegar al Canciller para la época Guillermo Fernández Soto, así como también al Ministro de Defensa Gustavo Bell y al Procurador Edgardo Maya Villazón.
Para las víctimas, la decisión del tribunal es un paso fundamental para conocer la verdad de los hechos, así como también para entender cuál fue el papel del Estado en la perpetración de la masacre.
