Luego de la preocupación expresada por diferentes líderes de las comunidades ante el Defensor Nacional del Pueblo en su reciente visita al municipio de Riosucio, la región del bajo Atrato chocoano y antioqueño, este se comprometió a gestionar ante la fiscalía general de la nación la asignación de un fiscal especial y un delegado de la procuraduría, a efectos de que se investiguen la presunta proliferación de una gran cantidad de resoluciones para aprovechamiento forestal, las que según los denunciantes funcionan con el cobro de un 70 – 30 es decir 70% Codechocó y 30% para las comunidades.
De acuerdo a lo antes dicho de ser ciertas estas afirmaciones se podría percibir que las comunidades son las menos beneficiadas con la expedición de estas resoluciones, puesto que si con el 100% que se les daba anteriormente no se cubrían las necesidades básicas de estas mucho menos lo sería con un 30%.
Esta situación fue la que motivó a algunos líderes a poner en conocimiento del Defensor Nacional del Pueblo lo que para ellos sería una irregularidad, como también a realizar un escrito dirigido al fiscal general de la nación y al señor procurador solicitandole sean investigada esta situación, escrito que irá soportado con algunos audios que realizaron en los cuales se demuestra cómo se realizan dichas afirmaciones. Denuncian que se han encontrados con casos injustificables como resoluciones de cuencas de los ríos salaquí, y truandó que están asentadas en el corregimiento de Belén de Bajirá.
En resumen, esta situación le genera interrogantes a la comunidad como ¿Quiénes serán los que están engrosando sus bolsillos con estas negociaciones que a la postre solo perjudican al pueblo?
¿Resultarán algunas investigaciones por la presunta incontrolada expedición de resoluciones de aprovechamiento forestal por parte de Codechocó?
