Medida de aseguramiento para contratista por fallas estructurales en Casa de la Cultura en Chocó.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá, profirió medida de aseguramiento restrictiva de la libertad -en su lugar de residencia- en contra del ingeniero Luis Antonio Rojas Girón, como presunto responsable del delito de peculado por apropiación.

En la investigación adelantada por la Dirección Seccional en Bogotá, se evidenció que las estructuras de la casa de la Cultura en Nuquí (Chocó) mostraban deterioro, y tanto las vigas como las columnas no cumplen con los estándares exigidos en el contrato firmado entre el hoy procesado y la administración local en el año 2008.

“El Ministerio de la Cultura adelantó el proceso de selección para la construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura en Nuquí, evidenciando, al momento de iniciar las respectivas obras, que existían fallas sobre la estructura de la primera etapa construida por el consorcio Nuquí”, sostuvo el testimonio de uno de los funcionarios de ese Ministerio a la Fiscalía.

De acuerdo con el denunciante, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), los perjuicios ocasionados por el contratista se estiman en trescientos treinta millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa pesos ($330’479.500).

Según el estudio contratado para determinar la gravedad de los hechos, se indica que:

“a. La resistencia del concreto de las columnas no cumple con el código NRS-10 (norma que regula la construcción vertical en Colombia) por lo cual se requiere demoler y reconstruir las 28 columnas que soportan la placa aérea del piso 2, las placas presentan bajas resistencias.

b. La evaluación de fidelidad estructural, dio en valor de 76.85% que no es satisfactorio pues, según la norma el valor mínimo aceptable es el 90%, lo que a todas luces no se trata de un hecho sobreviniente, sino de una mala interventoría.

c. La estructura se encontraba con un proceso de carbonatación del 18%, lo cual es muy alta para la edad de la estructura”.

En consecuencia el Ministerio de Cultura se vio obligado a suspender indefinidamente los contratos suscritos para la construcción de la segunda etapa de la obra que beneficiaría a toda la población.

Por su parte, el delegado del ente acusador advirtió que la obra al no cumplir los requisitos de calidad, por la entrega menores cantidades de materiales y menor calidad de los mismos, se evidencia que el contratista se habría apropiado de los fondos públicos que pertenecen al Estado – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.

Finalmente la Fiscalía, al solicitar la medida de aseguramiento al ingeniero Rojas Girón, considera que se garantiza la asistencia al proceso y se disminuye la posibilidad de obstrucción a la administración de justicia por su influencia en la región y con los testigos que han colaborado con la investigación.

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