Hace un año, James Hermenegildo Mosquera fue elegido para representar a las víctimas del conflicto armado del Chocó en el Congreso. Como representante a la Cámara de una curul de paz, llevaba la vocería de las 450 mil víctimas del Chocó, un departamento de 530 mil personas. Mosquera se presentó como una de esas víctimas para aspirar a la curul de paz, la figura del acuerdo con las Farc que creó 16 puestos nuevos en la Cámara. Pero un año después de su elección hay indicios de que cometió fraude para obtener su certificación.
El pasado 7 de diciembre, la oficina jurídica de la Unidad para las Víctimas denunció a Mosquera ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por presunto fraude al registro único de víctimas. Además está estudiando excluirlo de este registro.
La Silla tuvo acceso a documentos reservados que dan cuenta de las irregularidades en la acreditación de este congresista como víctima, tema que tendrá que revisar la Corte y podría terminar en su destitución.
No es el único lío que enfrenta el representante Mosquera. La fiscalía también lo investiga por peculado, y varias víctimas de la masacre de Bojayá que él representó como abogado en un proceso contra el Estado, dicen que les quedó debiendo plata.
A pesar de sus escándalos que ponen en duda su condición de víctima, el representante Mosquera ha logrado tener una papel y una voz protagónica dentro de la bancada de las 16 curules de paz. Una muestra de eso es que consiguió quedar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Desde esta posición ha sido un actor político que ha jugado en favor del gobierno. En su foto de WhatsApp tiene una foto al lado del presidente Gustavo Petro. “Nosotros estamos con el gobierno, pero también le hemos reclamado por la situación del Chocó”, le dijo a La Silla.
Los cuestionamientos a la candidatura de Mosquera
La historia que tiene hoy a James Mosquera en líos con la justicia empieza con las elecciones de las 16 curules de paz el año pasado. Como tenían la intención de darle mayor representación a las víctimas de los territorios más golpeados del conflicto se establecieron tres requisitos claves para poder aspirar: ser víctima, no estar ligado a la política electoral y partidista, y vivir en el territorio; en el caso del desplazamiento haber vivido durante mínimo tres años en la región. .
Aunque este nunca había aspirado a un cargo de elección popular, que era uno de los prerrequisitos de las curules de paz, su carrera como abogado ha transcurrido muy cerca de la política tradicional chocoana.
Mosquera es un abogado de 54 años que nació en Istmina en una familia pobre y que logró escalar ejerciendo el derecho. Estudió en la Universidad Autónoma de Bogotá y se graduó en 1991. Y en sus primeros años como profesional trabajó con dos exgobernadores de Chocó.
El primero fue el liberal Augusto Cicerón Mosquera, quien fue gobernador y representante del Chocó y en el 2011 fue víctima de un atentado. James trabajó con él en 1994, como parte de su oficina de abogados. El segundo fue Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exgobernador del Chocó condenado por corrupción, líder de un clan político poderoso del departamento y quien fue secuestrado por el ELN. Con Sánchez James también trabajó en su equipo legal en 1996 y según tres fuentes de la región, que pidieron no ser citadas por temor al poder de los Sánchez, afirman que siguen siendo aliados.
“Algunas veces he votado por ellos. He votado por la señora Astrid Sánchez (actual congresista) y he votado por Patrocinio. En ocasiones hemos sido amigos, en otras no hemos sido amigos”, dice James. Quien dice que no ha sido una relación de dependencia y que desde el año 2000 tiene su propia oficina.
Desde su oficina realizó procesos en defensa de las víctimas de la masacre de Bojayá, en la que 79 personas murieron por un cilindro bomba de las Farc. El proceso fue una demanda contra el Estado exitosa, pero que lo tiene enredado en un proceso disciplinario y que algunas víctimas han dicho que no les ha entregado la plata.
Aparte de esa representación y de otros casos de víctimas del conflicto, las mismas tres fuentes enteradas de las movidas políticas en Chocó dicen que no reconocen a Mosquera como un líder de víctimas, ni conocían su condición de víctima.
Al respecto, Mosquera dice que el conflicto lo ha sufrido desde el año 88, cuando su hermano mayor, Edgar Mosquera, que era policía en Antioquia, fue asesinado por la guerrilla de las Farc.
El hecho que más lo ha marcado es un secuestro en 2001 por parte de paramilitares de las AUC. Según el relato de Mosquera, se debió a que como abogado le embargó unas cuentas al entonces alcalde de Riosucio (Chocó), Azael Victoria Martínez, quien posteriormente fue condenado por vínculos con los paramilitares. “Él me echó encima a los paramilitares y terminé secuestrado junto con mi hermano, Sócrates Mosquera, en el 2001, fue por tres semanas”.
Del secuestro de James Mosquera y las amenazas de actores del conflicto armado que él denuncia haber recibido como abogado no quedó ninguna denuncia. En cambio, su hermano si declaró haber sido secuestrado y fue incluido en el registro único de víctimas.
“En el Chocó es muy difícil denunciar, porque cuando la gente ha denunciado han matado a las personas y uno conoce eso”, le respondió Mosquera a La Silla sobre el por qué no lo hizo. A pesar de esto, su hermano Sócrates, quien fue alcalde de Istmina, sí lo denunció.
Entonces llegó el 2021 y la antesala para la inscripción de candidaturas a las curules de paz, que tenía como fecha límite el 13 de diciembre. Y para poder aspirar los candidatos debían recibir de la Unidad de Víctimas la “certificación de candidatos para las circunscripciones transitorias especiales de paz”.
“Cuando un grupo de amigos me dicen que aspire, yo presenté mi solicitud para obtener el certificado que era un prerrequisito para aspirar. Eso se podía hacer por la inclusión que tiene Sócrates como víctima”, dice James Mosquera. La norma permitía que pudieran participar tanto víctimas directas, como familiares cercanos..
Pero, la certificación llegó por otro lado. Según pudo conocer La Silla por un documento que muestra los datos del registro de víctimas de Mosquera, el 2 de noviembre del 2021, este declaró en Bogotá haber sufrido un hecho victimizante: seis días antes, había sido víctima de amenazas por parte de “grupos guerrilleros” en Istmina y a causa de estas se había tenido que desplazar forzadamente.
Y esta declaración es la que lo tiene en líos con la justicia.
La inconsistencias en el registro de víctimas
El registro de víctimas de Mosquera fue sacado justo al último minuto y contó con la suerte de que la Unidad para las Víctimas decidiera priorizar 3.414 solicitudes a finales de 2021. Como lo muestra una carta de esta entidad a Mosquera, esto hizo que la petición para que su hermano lo certificara como familiar de una víctima no fuera necesaria, sino que en 20 días esa entidad lo incluyó en el registro de víctimas, un proceso que se demora normalmente tres meses.
“En el año 2021 recibí esas amenazas, pero no las denuncié por la aspiración. Yo ya había solicitado el certificado para poder aspirar con mi hermano Sócrates, porque él sí estaba inscrito en el registro de víctimas y él fue secuestrado conmigo en el año 2001”, dice Mosquera sobre su petición inicial.
“Pero, estando en el proceso, se presenta este hecho, me llaman y van a mi oficina a amenazarme. Cualquier persona del Chocó ha sufrido esto”, dice Mosquera.
En Istmina y en la región del Medio San Juan hay presencia de la guerrilla del ELN. Pero en particular en el casco urbano el dominio absoluto lo tiene el Clan del Golfo. No es claro, en los documentos ni en la entrevista que hizo La Silla con Mosquera, como llegaron los guerrilleros hasta una supuesta oficina.
Y es que la segunda irregularidad tiene que ver con el lugar. En concreto sobre si James Mosquera vivía en el momento de su denuncia en el lugar del que dice que fue desplazado. Y una carta de la Secretaría de Gobierno de Istmina, con fecha del 2 de marzo, a la Unidad para las Víctimas dice que Mosquera no vivía en el municipio.
“A pesar de las situaciones de orden público que se presentan en la zona rural del municipio de Istmina, esta entidad no tiene conocimiento de los hechos que pudieron ocasionar el desplazamiento individual de la persona en mención. Es de aclarar que para los días 27 y 29 de octubre de 2021, no se reportó ningún hecho victimizante relacionado y la persona en mención no residía en el municipio de Istmina”, se lee en la carta, firmada por el secretario Elciario Murillo.
La carta también da otro dato, pues desde la Secretaría de Gobierno dicen haber consultado la base de datos del sistema de salud, la Adres. “El señor Mosquera Torres aparece con unidad primaria de atención en salud en la ciudad de Bogotá”, dice.
Sobre si para el momento de la denuncia vivía en Istmina, Mosquera le dijo a La Silla: “Sí, yo tenía un apartamento en el barrio Pueblo Nuevo, que es un barrio muy conocido que queda al lado de la escuela de Pueblo Nuevo. También he tenido apartamento en Quibdó”. También afirma que su vida en los últimos años ha discurrido entre Quibdó, donde tiene una oficina principal, Bogotá donde vive su esposa y su hijo menor, e Istmina donde hasta hace poco vivía su padre y el resto de su familia.
“Otra de las acusaciones es que estoy afiliado a la EPS Sura en Bogotá. Eso sucedió hace 4 años atrás, porque antes estaba en la Nueva EPS y tenía una atención pésima. Por eso vine acá a Bogotá a afiliarme a Sura”, dice Mosquera. Afirma que lo hizo para que su hijo tuviera una mejor atención y que la única oportunidad en que la usó fue en septiembre del año pasado, siendo ya congresista.
Finalmente, la Unidad para las Víctimas decidió el pasado 7 de diciembre denunciar a Mosquera ante la Corte Suprema, por fraude en su declaración.
La Silla tuvo acceso a una carta que la Unidad le envió a la Procuraduría a finales del año pasado, en la que le informaba sobre el estado del proceso de exclusión de James Mosquera del registro único de víctimas.
“La Oficina Asesora Jurídica (de la Unidad), el 10 de noviembre de 2022 confirmó el hallazgo en los hechos narrados y material documental puesto en conocimiento por parte de la Dirección de Registro, que indican la probabilidad de que el señor Mosquera Torres no sea víctima del conflicto”, se lee en el documento. Y en consecuencia, la Unidad anunció que lo denunció por fraude y que está a la espera de un pronunciamiento judicial para decidir sobre su exclusión del registro.
Sobre la denuncia, Mosquera le dijo a La Silla que no tenía conocimiento y que se había enterado por medios locales de Istmina, como Platino Estereo la cual ha reportado que han visto miembros del CTI en el municipio investigando sobre Mosquera Torres.
“Es un caso político, no es diferente”, dice el representante sobre las razones del proceso judicial en su contra. “Algunos contrincantes después de que se inicia la campaña, a principios de enero 2022, comienzan a mandar panfletos y anónimos a periódicos como La Silla Vacía, El Espectador, al Consejo Nacional Electoral. Fue uno de mis contrincantes: Blasney Mosquera Hurtado”.
Y al respecto de si fue apoyado en campaña por la política tradicional, también señaló a su rival. “Los liberales tenían su candidato, que era Blasney Mosquera. Él era el candidato de la política tradicional que sacó 4 mil votos. Frente a los 13 mil votos que yo saqué”. Realmente la registraduría contó 9 mil. “Nosotros fuimos apoyados por la comunidad del Chocó”, agrega Mosquera.
La Silla consultó a Blasney Mosquera Hurtado sobre si quería dar alguna declaración al respecto, pero dijo que no diría nada por el momento.
Los otros líos que carga el representante de víctimas de Chocó
Con esta denuncia por presuntamente no ser víctima del conflicto, el abogado Mosquera Torres acumula otro lío judicial en su contra: tiene uno abierto por corrupción y otro por irregularidades en su representación de las víctimas de Bojayá.
En noviembre de 2020, la Fiscalía lo imputó ante un juzgado en Mocoa, por el delito de peculado por apropiación agravado. Es decir, que Mosquera se habría robado dineros públicos para su propio beneficio. Según la Fiscalía, cuando fue contratado por la EPS Selva Salud para que recuperara una cartera morosa de los municipios de Istmina y Quibdó, en 2007, se quedó con más dinero del que había pactado.
La Fiscalía dice que Mosquera Torres “se apropió de un total de $1.078.000.000”, tras el cobró de cartera del municipio de Quibdó y los intereses de la cartera de Istmina.
“Efectivamente hay una investigación penal en mi contra, por cuanto en el año 2007 me concedieron un contrato para una empresa prestadora de salud de Putumayo”, dice el representante Mosquera. “Yo cobré mis honorarios, que estaban contemplados en el contrato. Pero ellos (Selvasalud) cambian de administración, y en Putumayo pasan cosas parecidas al Chocó, o son amigos o son enemigos de las personas. Y la nueva administración denunció el hecho”.
El otro caso que tiene al representante Mosquera en líos jurídicos es su representación de las víctimas de la masacre de Bojayá, en la que él logró con éxito una condena contra el Estado y una indemnización a las víctimas. Pero su actuación ha sido disciplinariamente investigada y víctimas denuncian que les ha incumplido.
El primer caso nace por la queja de Martin Palacios, una de las víctimas de Bojayá, que le ayudó a Mosquera a conseguir los poderes de las víctimas de lesiones para la demanda contra el Estado. La queja era que una vez obtenida la indemnización, Palacios no recibió la totalidad de los dineros acordados. Esto llevó además a la suspensión de la tarjeta profesional de Mosquera por usar a terceros para obtener un poder de una víctima, algo que no es permitido.
Pero recientemente la Comisión de Disciplina Judicial pidió que se revisará de nuevo el caso, pero desde la perspectiva de las víctimas, para determinar si la actuación irregular de los abogados las terminó afectando.
Justamente, hay algunas víctimas que lo acusan de no haberles entregado lo pactado. Uno de ellos es Ever Murillo, que es uno de los 43 lesionados que dejó el cilindro de las Farc que cayó en la iglesia de Bojayá. Murillo le dijo a La Silla que él le entregó un poder justamente a Martin Palacios para que James Mosquera lo representara en la demanda por víctimas de lesiones, pero que hasta ahora no ha visto ni un peso
Sobre esa acusación, James Mosquera afirma que: “el señor Ever Murillo, no es cliente mío, nunca ha sido cliente mío”.
Pero la denuncia de Murillo no es solo en nombre propio, pues dice que a su hermano y hermana tampoco les terminó de pagar. “Hay otra sentencia que es la de los fallecidos que tampoco la ha terminado de pagar a los beneficiarios. Hay unos intereses que acumuló el Estado en esa sentencia y el no los pagó”, dice Murillo.
Los líos de Mosquera serán ahora analizados en la Corte Suprema, que deberá examinar la denuncia y determinar si en la curul de víctimas del Chocó está sentada realmente una víctima del conflicto.
Fuente: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/fraude-en-curul-de-paz-la-corte-investiga-a-representante-de-choco/
