La situación en el departamento del Chocó es muy preocupante debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. Estos enfrentamientos han generado una crisis humanitaria, con un alto número de confinamientos y desplazamientos forzados masivos.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el Chocó es el departamento con más confinamientos en lo que va del 2023, representando el 79% del total a nivel nacional. Además, se han registrado 12 eventos de desplazamientos forzados masivos en la región. Estas cifras reflejan el sufrimiento de miles de familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares para buscar seguridad.
Los líderes sociales del Chocó han manifestado su rechazo a la presencia de la Fuerza Pública en la zona, debido al conflicto que genera y los riesgos que implica para las comunidades. Aunque piden al Estado que garantice su seguridad y la de sus territorios, también expresan preocupación por el papel de los militares en la región.
La Defensoría del Pueblo ha realizado visitas al Chocó y recopilado testimonios de líderes sociales, quienes hacen un llamado al Gobierno para que tome acciones directas a favor de las comunidades. Estas comunidades trabajan incansablemente por la reconstrucción del tejido social y piden avances en los diálogos con los grupos armados ilegales, con el objetivo de lograr cierta paz y un futuro mejor para los niños del Chocó.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, ha llamado la atención del Gobierno nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos en el marco de las próximas elecciones regionales. Se insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a tomar medidas para defender la institucionalidad del Estado y evitar que los grupos armados ilegales sigan ganando terreno.
En resumen, la situación en el Chocó es alarmante debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que han generado confinamientos y desplazamientos forzados masivos. Las comunidades solicitan al Estado que garantice su seguridad y avance en los diálogos con los grupos armados para lograr la paz. Es fundamental que las autoridades tomen medidas para proteger la institucionalidad del Estado y la integridad de los ciudadanos en el marco de las elecciones regionales.
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