Las inundaciones en Riosucio, Chocó, parecen un mal inevitable, como una condena que cada año se repite, pero que ha quedado totalmente en manos del abandono y la indiferencia estatal. El río Atrato, que surca este territorio lleno de historia y tragedia, continúa su curso, pero ahora no solo arrastra agua, sino también promesas rotas y vidas que se ahogan bajo la mirada cómplice de un gobierno nacional que ha incumplido con la sentencia T-622 de 2016, la cual reconoció al río como sujeto de derechos.
La Sentencia T-622 buscaba un cambio fundamental en la relación entre el Estado, las comunidades y el río Atrato. Declarando al río como un ser vivo con derechos, la Corte Constitucional ordenaba la protección, conservación y restauración del río, su cuenca y sus afluentes, condenando actividades destructivas como la minería ilegal. El gobierno nacional, sin embargo, no ha dado respuesta efectiva a esta orden. La erradicación de la minería ilegal, la descontaminación de las aguas y la protección de la biodiversidad han quedado en el olvido, mientras las inundaciones arrasan con la vida de los más vulnerables.
Cada temporada de lluvias se repite la tragedia. El desempleo, que ya acechaba a los habitantes de Riosucio, ha alcanzado niveles insostenibles, obligando a los trabajadores informales, como los mototaxistas y los vendedores ambulantes, a empezar abandonar sus labores debido a la inundación de las calles. Entre ellos, muchas madres que venden arepas, limonadas y fritos, han quedado atrapadas por una crisis sin soluciones a la vista. Y aunque se están haciendo esfuerzos para contrarrestar la crisis con puentes improvisados por parte del gobierno municipal, la falta de una solución definitiva se deja sentir con fuerza. No se puede seguir remendando lo que necesita una reconstrucción desde sus cimientos.
Uno de los puntos más críticos de la situación es el Puenton de Riosucio, que se ha convertido en un símbolo de la negligencia y el abandono. Este puente, vital para la movilidad en las zonas más inundables de la cabecera municipal, está en un estado de deterioro alarmante. muchos tramos de esta estructura colapsaron, lo que ha dificultado aún más el desplazamiento de los habitantes y, especialmente, de los niños, quienes ahora enfrentan un riesgo mayor. La comunidad exige con urgencia una intervención para reparar y mejorar este puente, cuya situación sigue sin solución mientras la necesidad de este vital paso crece con las aguas que inundan el municipio.
La tragedia de las víctimas de ahogamiento en Riosucio se ha repetido año tras año, y el sufrimiento de las familias es indescriptible. El río Atrato, lejos de ser solo un recurso natural, es una amenaza constante para la vida de los habitantes de esta región. En 2007, un niño de un año murió ahogado en las inundaciones. En 2010, dos niños perdieron la vida en medio de la ola invernal que azotó el municipio. En 2017, un niño de seis años y un adulto fueron arrastrados por el río. En 2018, dos menores más perdieron la vida: uno cayó al río Atrato mientras jugaba con su hermano mayor, y el otro fue sorprendido por la creciente del río Salaquí. En 2024, un bebé de un año, Deiber Conto Rodríguez, murió ahogado en la cabecera municipal, y más recientemente, en 2025, Janier Córdoba Ortiz, un niño de dos años, perdió la vida en otra inundación repentina.
Estas tragedias no son solo números, son vidas que se pierden cada año debido a la falta de respuesta efectiva del gobierno. Los ahogamientos de niños, como Deiber Conto y Janier Córdoba, se suman a una lista cada vez más larga de víctimas que han sido acabadas por el río, un río que, según la sentencia T-622, debería estar bajo la protección y restauración del Estado.
Y mientras la clase política se sigue ahogando en sus propios intereses, el pueblo riosuceño paga el precio más alto: niños y adultos que pierden la vida a causa de las aguas que deberían haber sido protegidas, pero que, lamentablemente, se han convertido en la tumba de tantas familias. La indignación de los habitantes crece, pues a pesar de que la temas como la compra de una “draga” fue una promesa de solución, pero todo quedó en promesas de campañas como suele ocurrir con la mayoría de los alcaldes y sus secuaces en Riosucio, quienes la prometieron no hicieron nada efectivo para llevarla a cabo, dejando al río Atrato continuar su destrucción sin freno en el pueblo que les dijo sí en las urnas.
Hoy, Riosucio necesita más que nunca un cambio estructural en su infraestructura. Las soluciones coyunturales, como los puentes improvisados, son un parche temporal que no resuelven la raíz del problema. Se requiere con urgencia el levantamiento de calles y el dragado permanente del río Atrato. Las autoridades deben dejar de ser cómplices de la tragedia, y actuar con decisión para garantizar la seguridad, la movilidad y la vida de los habitantes de Riosucio.
En resumen, el río Atrato, lejos de ser un recurso explotable, debe ser tratado como lo que es: un ente vivo, parte fundamental del ecosistema, y un derecho de las comunidades que dependen de él.
El cumplimiento de la sentencia T-622, más allá de ser un mandato legal, es una cuestión de justicia para las generaciones que sufren el abandono sistemático del Estado. El pueblo riosuceño, junto a los habitantes de toda la región del Atrato, sigue esperando la intervención que su derecho a la vida exige. El río sigue vivo, pero su gente sigue luchando por sobrevivir.
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