Nuevas revelaciones salpican al actual director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado (Andje), César Palomino. Grabaciones obtenidas por la Fiscalía y conocidas por La Silla Vacía muestran que, cuando era magistrado del Consejo de Estado, presuntamente utilizó su influencia para favorecer a sus familiares en el proceso de adquisición del lote destinado a la construcción de la nueva cárcel de Quibdó.
Las interceptaciones, realizadas entre el 7 y el 27 de octubre de 2021, corresponden a cinco conversaciones telefónicas entre Palomino y Francisco Vidal Rojas, entonces precandidato a la Cámara por el Partido Liberal y hasta hace dos semanas secretario del Interior de la Gobernación del Chocó. Vidal estaba siendo interceptado por orden judicial debido a sospechas de que filtraba información sobre una investigación contra su hermano, vinculado al narcotráfico.
En los audios, Palomino evidencia gestiones directas para lograr que altos funcionarios del Estado, incluido un ministro y representantes de la Uspec, aprobaran la habilitación de un predio perteneciente a sus allegados, con el fin de trasladar la hacinada cárcel de Anayanci, ubicada en el centro de Quibdó.
Además, las grabaciones muestran cómo Palomino presionó a la Alcaldía de Quibdó para que tramitara el cambio de uso de suelo necesario para viabilizar el proyecto, revelando una clara intervención personal en beneficio propio.
Las conversaciones forman parte de expedientes judiciales abiertos contra Vidal, quien también enfrenta procesos por corrupción al sufragante y compra de votos. De hecho, cuando Vidal fue capturado en 2022, se encontraba en la residencia de Palomino en Bogotá, lo que llevó a la Fiscalía a advertir un posible intento de obstrucción a la justicia.
A pesar de que estas pruebas llevan casi tres años en poder del CTI, Palomino fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la Andje, cargo que aún ocupa. Además, su nombre suena como candidato para integrar la Corte Constitucional, incluso después de que La Silla Vacía revelara que es dueño de una empresa propietaria de un barco detenido en tres ocasiones con cargamentos de droga.
La Fiscalía no ha respondido oficialmente si compulsó copias de estas interceptaciones a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigar formalmente a Palomino.
El caso reabre cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública y el alcance de las redes de poder en la región del Chocó, donde las necesidades urgentes, como la reubicación de la cárcel, terminan siendo instrumentalizadas por intereses particulares.
Somos Notiriosucio, llámanos o escríbenos al 3218365504.
