En una decisión sin precedentes recientes en Riosucio, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal sancionó con 10 días de arresto y una multa de ocho salarios mínimos al alcalde Juan Moreno Mena, por desacatar una sentencia de tutela que ordenaba el reintegro inmediato de la señora Yulesmy Patricia Asprilla Bolívar a su cargo como Comisaria de Familia. La sentencia, que también exigía el pago de salarios adeudados y el inicio de un proceso por acoso laboral, fue ignorada durante dos meses por la administración.
Pese a que el fallo fue ratificado en segunda instancia, el mandatario y su equipo optaron por la ruta del desconocimiento sistemático. Entre oficios, excusas y alegatos sin fundamento legal, la administración intentó desviar la atención con un discurso que cuestiona la imparcialidad del juez, pero que en nada responde a lo esencial: el incumplimiento claro y reiterado de una orden judicial.
Más grave aún es que, mientras la administración se enreda en tecnicismos para evadir responsabilidades, una de las abogadas adscritas a la alcaldía ha decidido convertir las redes sociales en una plataforma de provocación personal. “Y para que le arda al baboso de Nayith aquí estoy con la plata de Riosucio”, escribió en su estado, en lo que parece ser una burla directa a los cuestionamientos que desde los medios y la comunidad se han venido haciendo sobre el presunto mal manejo de los recursos públicos.
Qué irónicas son las cosas: mientras los juzgados exigen respeto por la ley, una asesora jurídica que debería estar asesorando para evitar sanciones judiciales, se dedica a provocar a quienes denuncian los problemas que aquejan a Riosucio. No con argumentos legales, sino con frases que duelen porque evidencian el desprecio por una ciudadanía que sólo exige inversión social y transparencia.
El fallo es claro: el alcalde actuó “de manera deliberada, injustificada, malintencionada, maliciosa, insidiosa y premeditada” al no acatar lo ordenado. El despacho judicial no solo evidenció la desobediencia reiterada, sino que advirtió que la conducta del mandatario podría configurar un “fraude a resolución judicial”, conducta tipificada penalmente.
No es la primera vez que la administración desafía a los jueces con actitudes altivas y dilatorias. En este caso, incluso se llegó al extremo de calificar la tutela como un “sancocho”, pretendiendo invalidar el alcance de la misma sin argumentos jurídicos sólidos, e ignorando que el fallo protege derechos fundamentales como el mínimo vital, el trabajo, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada.
Desde nuestro medio visibilizamos este hecho que debería indignar a toda la comunidad. Porque mientras se hacen maromas jurídicas para no cumplir la ley, en los barrios de Riosucio siguen faltando los puentones. La plata que debería estar invertida en transporte escolar, salud, educación o ayudas a los damnificados, hoy puede ser usada para financiar sanciones judiciales por caprichos administrativos. Y si alguien alza la voz, le responden con arrogancia desde un estado de WhatsApp.
Resta saber si esta sanción logrará lo que hasta ahora no han conseguido ni los jueces, ni los derechos vulnerados, ni las advertencias públicas: que en Riosucio empiece a gobernar la legalidad y no la soberbia.
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