El Río Truandó, arteria vital del municipio de Riosucio, Chocó, se encuentra en estado crítico, como un paciente que requiere cuidados intensivos. Históricamente, este importante afluente ha sido una despensa agrícola y maderera, así como el principal medio de movilidad para 16 comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan sus riberas. Sin embargo, hoy enfrenta un taponamiento progresivo que amenaza la subsistencia de sus pobladores.
En agosto de 2021, se firmó el contrato 018 por la exorbitante suma de $12.025.219.373, destinado a la rehabilitación de las vías fluviales del Truandó. Este contrato, suscrito entre el exalcalde Conrad Valoyes Mendoza y la Asociación de Municipios Urabá Darién – Caribe (ASOMUDACAR) cuyo representante legal en su momento era el ciudadano LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA, prometía mejorar las condiciones de movilidad fluvial y mitigar los efectos de las inundaciones causadas por la deforestación y la negligencia. Sin embargo, los resultados brillan por su ausencia.
A pesar de la millonaria inversión, la problemática de las palizadas que impiden la navegabilidad del río persiste. Esto sugiere que la contratación sólo benefició a unos pocos, dejando a las comunidades en el mismo estado de aislamiento y vulnerabilidad. La sedimentación, la pérdida del caudal, la disminución de la pesca y la alteración del ecosistema son realidades que los habitantes enfrentan día a día, afectando gravemente su economía y calidad de vida.
Ante la falta de resultados y la ausencia de una investigación oficial sobre el manejo de estos recursos, los propios campesinos han tomado las riendas de la situación. Con apoyo en combustible, alimentación y otros temas logísticos por parte de la alcaldía de Riosucio, han organizado convites comunitarios para despejar las vías fluviales y restablecer la movilidad hacia sus comunidades. Estos valientes hombres y mujeres son un ejemplo de resiliencia y compromiso con su territorio.
Es inaceptable que, en una región reconocida por su gran biodiversidad y riqueza hídrica, las comunidades tengan que resolver por sí mismas problemas que deberían ser atendidos por las autoridades competentes. El imponente Río Atrato y sus afluentes, como el Truandó, son esenciales para la vida y la economía del Bajo Atrato, pero en la actualidad permanecen taponados y afectados por la falta de transparencia en la ejecución de proyectos como el antes mencionado.
El Río Truandó no necesita una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); requiere con urgencia Trabajos Integrales y Oportunos (TIO). Es hora de que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, investigando a fondo las contrataciones realizadas y garantizando que los recursos públicos se utilicen eficazmente para el beneficio de todos los habitantes y no solo de unos pocos.
Felicitamos y valoramos el esfuerzo incansable de los líderes comunitarios y los habitantes del Truandó. Su labor es un llamado de atención y una lección de dignidad para un país que no puede seguir ignorando las necesidades de sus comunidades más vulnerables.
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