La Procuraduría General de la Nación, como parte de la vigilancia que adelanta a la Tercera Rendición Pública de Cuentas de los gobiernos locales 2016 – 2019, hizo un llamado a los mandatarios territoriales a dar cumplimiento a la Directiva 016 de 2018, sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
El Ministerio Público amplió hasta el 4 de junio el plazo para que alcaldes y gobernadores diligencien el aplicativo web de vigilancia superior a la gestión con información de las acciones adelantadas, avances, logros y dificultades encontradas para la protección efectiva de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y del Estatuto Juvenil (Ley 1622 de 2013).
La Procuraduría ve con preocupación que, aunque el plazo inicial era el 15 de mayo, a la fecha el 32% de los mandatarios locales siguen sin adelantar este proceso, pese a tener toda la información sobre la metodología y los lineamientos para hacerlo.
El órgano de control recordó que esta rendición de cuentas representa una oportunidad para alcaldes y gobernadores de mostrar a la ciudadanía su gestión y compromiso real con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
