La Procuraduría General de la Nación logró la protección de los derechos fundamentales de 1750 niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Antonio María Claret sede IPC en Quibdó (Chocó) para que reciban clases en condiciones de higiene que no pongan en riesgo su salud.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Quibdó, al acoger la solicitud de la Procuraduría otorgó un plazo de un mes al alcalde y Secretario de Educación de Quibdó para elaborar un plan de mejoramiento y recuperación de la planta física y del sistema de alcantarillado y acueducto del plantel educativo el que deberá ser gestionado administrativa y financieramente en tres meses.
Provisionalmente deberán suministrar a la institución educativa agua potable en la cantidad que garantice el consumo diario de los 1750 estudiantes mientras se realizan las obras exigidas.
Un informe de inspección sanitaria de la Secretaría de Salud del Departamento del Chocó, que fundamentó la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría, advierte que los estudiantes de esta institución están expuestos a un riesgo epidemiológico alto por las precarias condiciones de la planta física, la falta de agua potable y los problemas de filtración y rebose de aguas residuales.
El fallo también ordenó a la rectora de este establecimiento educativo que en un plazo de tres días asuma con cargo al rubro de gratuidad, las recomendaciones que dio la Secretaría de Salud Departamental del Chocó para disminuir el riesgo epidemiológico al que están expuestos los estudiantes.
Las exigencias de la Secretaría de Salud, que deberán ser cumplidas por la rectora, incluyen reubicar y limpiar todo elemento que constituya un sitio para la proliferación de artrópodos y roedores, adecuar un espacio para el almacenamiento de basura, solucionar el problema de los basureros sin tapas, ubicar los extintores espacios visibles, garantizar la limpieza y desinfección de los baños y el uso del uniforme de dotación por parte del personal de aseo.
